El presidente Gustavo Petro anunció durante el consejo de ministros, que denunciará a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) después de que esta le prohibiera transmitir mensajes institucionales sobre la consulta popular por televisión. "Nos están silenciando", afirmó el mandatario.  

Petro aseguró que ordenó a su equipo jurídico presentar una denuncia por prevaricato contra la CRC, argumentando que la ley no prohíbe al Gobierno promover la consulta antes de su aprobación en el Senado. "Lo que prohíbe la ley es hacer campaña por el 'sí' o por el 'no' una vez se apruebe la consulta, pero no estamos en ese punto. Cuando se apruebe en el Senado, si es que la aprueban, ahí sí el Gobierno no puede hacer propaganda (…). Pero no falseen la realidad, la ley no nos prohíbe pedir la consulta", declaró.  

El presidente también cuestionó la autoridad de la CRC para restringir su mensaje y denunció un doble estándar: "Nunca dijeron 'ni pío' cuando la televisión calumnia todos los días al presidente y a su familia. Ahora, cuando el presidente quiere hacer una consulta, censuran. Tiene que ver con una 'corruptela'".  

Cambios en la regulación de alocuciones presidenciales 

La decisión de la CRC se enmarca en una modificación de su procedimiento interno, implementada tras un fallo del Consejo de Estado el 11 de abril de 2025. La sentencia ordenó abstenerse de transmitir consejos de ministros a través de medios privados, como Canal Uno y canales regionales y comunitarios, si no cumplen con los requisitos legales para ser considerados alocuciones presidenciales.  

A partir de ahora, la Presidencia deberá diligenciar un formulario especificando el tema, propósito, fecha y hora de cada intervención televisada. La CRC aclaró que no tiene potestad para aprobar o rechazar los mensajes, sino que solo informa a los canales si cumplen con los criterios establecidos en el fallo: que sean de carácter personal, aborden asuntos urgentes de interés público y estén directamente relacionados con las funciones presidenciales.  

El Gobierno insiste en que su mensaje sobre la consulta popular cumple con estos requisitos, mientras la controversia reaviva el debate sobre los límites de la libertad de expresión y el uso de los medios públicos en Colombia.