Después de aproximadamente cinco horas de discusión en la Comisión Séptima del Senado, se confirmó el hundimiento de la reforma laboral impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Con 8 votos a favor, fue aprobada la ponencia de archivo en la tarde de este martes, poniendo fin a un proyecto que generó intensos debates y movilizaciones en el país.
La ponencia de archivo, una de las cuatro radicadas, fue presentada por un bloque de ocho senadores que ya habían anunciado su oposición al proyecto. La decisión no estuvo exenta de polémica, ya que, paralelamente, en Bogotá y otras ciudades del país, se llevaron a cabo manifestaciones convocadas por el presidente Petro en rechazo a la decisión del Congreso.
Durante la sesión, intervinieron todos los ponentes del proyecto, así como invitados especiales como el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, y el presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca. También participaron senadores de diferentes bancadas, entre ellos María José Pizarro (Pacto Histórico), Paloma Valencia (Centro Democrático) y Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso), quienes expresaron sus posturas a favor y en contra de la reforma.
Uno de los momentos más álgidos se vivió cuando las senadoras cristianas Ana Paola Agudelo (MIRA) y Lorena Ríos (Colombia Justa Libres), firmantes de la ponencia de archivo, denunciaron que el presidente Petro las descalificó y las puso en riesgo por sus creencias religiosas tras respaldar el archivo en días anteriores.
Debate sobre constitucionalidad y estabilidad laboral
El senador Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal) fue uno de los principales promotores del archivo, argumentando que la reforma debió ser tramitada como un proyecto de ley estatutaria y no ordinaria, como se hizo. Este punto generó un intenso debate sobre la constitucionalidad de la iniciativa.
Por su parte, la senadora Martha Peralta (Pacto Histórico) criticó duramente la decisión de archivar la reforma y cuestionó a los senadores que impulsaron su hundimiento: “Aquí hay un grupo de senadores y compañeros que tienen la mayoría de los votos para lo que quieran. Si quieren modificar, si quieren plantear lo que aquí han dicho, pues lo pueden hacer. El hecho es: ¿por qué negarse a la oportunidad de generar estabilidad laboral?”.
Salvavidas y desacuerdos
La senadora Norma Hurtado (Partido de la U), quien presentó una ponencia alternativa pero no apoyó el archivo del proyecto, aclaró por primera vez ante la Comisión su decisión de enviar un salvavidas al proyecto: “Yo no me he aliado con el petrismo. No es cierto. Lo que yo me alié fue con diferentes voces que clamaban, a través de las audiencias, respuesta”.
El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que sí hubo concertación en el proceso y defendió la necesidad de la reforma. En su intervención, criticó al presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, quien, según él, “pidió elevar a la condición de héroes a quienes firmaron la ponencia de archivo”.
Consecuencias y reacciones
El hundimiento de la reforma laboral marca un nuevo capítulo en la tensa relación entre el gobierno de Gustavo Petro y el Congreso, donde la oposición ha logrado frenar varias de sus iniciativas. Mientras el gobierno insiste en la necesidad de cambios estructurales para mejorar las condiciones laborales en el país, sus críticos argumentan que el proyecto carecía de consenso y no cumplía con los requisitos constitucionales.
Las manifestaciones en las calles y las declaraciones de los líderes políticos reflejan la polarización que rodea este tema, dejando en evidencia los desafíos que enfrenta el gobierno para avanzar en su agenda legislativa.
