Esta semana, mientras la opinión pública se distrae con otros temas que ocupan las portadas, la violencia feminicida en Colombia nos entrega una cifra estremecedora: seis mujeres asesinadas en menos de diez días en diferentes partes del país. No son números fríos, no son estadísticas: son vidas, sueños, proyectos y, en el caso más aberrante, una vida que aún no nacía. Hablemos de ellas, porque nombrarlas es el primer acto de justicia, y porque el silencio es el mejor aliado de los feminicidas.

El caso de Rosa Mayerly Olaya es quizás el que mejor ilustra las fallas del sistema de protección. Rosa, de 33 años, era oriunda del Tolima y había llegado a Soacha, municipio conurbano con Bogotá, hace cinco años con el sueño de encontrar mejores oportunidades de vida. Era madre de un niño de 11 años. Su feminicida, Óscar Giovanny Marulanda, la persiguió durante más de cinco meses sin descanso: iba hasta su casa, hasta su empleo y hasta la casa de su expareja, insistiendo en que ella aceptara tener una relación sentimental con él. Rosa no solo se negó rotundamente, sino que, ante el nivel de acoso, en dos ocasiones solicitó acompañamiento policial. La protección nunca llegó de manera efectiva. El lunes festivo, Marulanda llegó hasta el lugar de trabajo de Rosa, un almacén de la cadena Homecenter, y le propinó varias puñaladas. Ella murió en el sitio. Pese a que fue capturado en flagrancia y existen videos del crimen, el feminicida no aceptó los cargos. La Fiscalía informó que fue enviado a prisión preventiva mientras avanza el proceso por feminicidio agravado. Los antecedentes del acoso están documentados: el 10 de mayo y el 5 de junio pasados, Marulanda llegó hasta la vivienda de la madre y del excompañero sentimental de la víctima para buscarla e intimidarla. Además, el agresor tenía antecedentes por hurto. Rosa pidió ayuda dos veces. Dos veces el sistema le falló. Hoy su hijo de 11 años crecerá sin ella.

Pero el caso que más ha conmocionado a la opinión pública es el de María Camila Potosí, de 21 años. Su cuerpo fue encontrado a orillas del río Meléndez, en Cali, con signos de tortura y heridas de arma blanca. Había sido reportada como desaparecida el 16 de julio. Sin embargo, el hallazgo forense reveló lo inimaginable: el bebé de ocho meses de gestación que llevaba en su vientre no estaba allí. Presuntamente, fue raptado de su cuerpo al momento del feminicidio. Su familia exige respuestas sobre el paradero de la niña y clama porque las autoridades intensifiquen las labores de búsqueda. Hasta el momento, no hay personas capturadas por este hecho, y la impunidad amenaza con engullir también este caso.

En el Atlántico, Danelly Marcela del Valle Mendoza, de 22 años, perdió la vida en la madrugada del domingo 19 de julio en el barrio Don Bosco del municipio de Soledad, a causa de un impacto de arma de fuego tras una aparente discusión. Su nombre se suma a una lista que crece sin pausa. En el Tolima, María Alejandra Castaño Bermúdez, de 26 años, fue atacada con 24 puñaladas por su pareja sentimental luego de que ella decidiera terminar la relación; el agresor fue capturado en flagrancia, pero un niño de 5 años quedó sin su madre. En Valledupar, Yasleidis María Martínez, de 31 años, fue encontrada sin vida en la vereda Las Casitas; su hermana reveló que vivía una relación marcada por la violencia y que había salido con su pareja para celebrar su cumpleaños, del cual nunca regresó. Y en Barranquilla, Herianny Carolay Montilla, una adolescente de apenas 16 años que cursaba décimo grado, fue asesinada durante una discusión con su pareja sentimental, quien le disparó con un arma de fuego y ya fue capturado.

Seis mujeres en menos de diez días. Y no son las únicas: según la Defensoría del Pueblo, con corte al 30 de junio de este año se han presentado 30 feminicidios y 154 tentativas. Pero la cifra real podría ser mayor, pues el Observatorio de Feminicidios de Colombia documentó 872 casos en 2024, lo que equivale a más de dos mujeres asesinadas al día. Estos crímenes desafían toda humanidad, como el de María Camila, cuyo bebé fue arrancado de su vientre, o el de Rosa, que pidió ayuda en dos ocasiones y el sistema no la protegió. Sin embargo, la violencia contra las mujeres sigue tratándose como una noticia más, un titular que se desliza y se olvida, mientras la indiferencia social se convierte en cómplice silenciosa.

La pregunta sigue siendo la misma, y duele porque no tiene respuesta: ¿cuántas víctimas más tendrán que aparecer para que la protección deje de ser una promesa? Rosa pidió ayuda dos veces y la ignoraron. María Camila fue torturada y despojada de su bebé. Danelly murió de un disparo en la madrugada. Herianny apenas tenía 16 años. El sistema de protección no funcionó para ninguna de ellas, y el Estado sigue llegando tarde, o nunca llega.

No podemos permitir que el caso de María Camila —cuyo bebé fue arrancado de su vientre— sea un titular de un día. No podemos permitir que Rosa, que hizo todo bien al denunciar, sea un ejemplo de la ineficacia estatal. No podemos normalizar la muerte de las mujeres. Esta es una emergencia nacional, y como tal debe ser tratada: exigimos justicia para todas ellas, exigimos que las medidas de protección sean efectivas y que la educación erradique el machismo de raíz. Pero, sobre todo, exigimos que la sociedad no mire hacia otro lado, porque la indiferencia también mata.