La senadora Sonia Bernal anunció hoy la radicación de dos ambiciosos proyectos de ley dirigidos a modernizar la legislación colombiana en temas de tecnología y protección de menores. Las iniciativas buscan establecer un marco regulatorio para el uso ético de la Inteligencia Artificial (IA) y regular la difusión de contenido musical explícito que afecte la dignidad de niños, niñas, adolescentes y mujeres.
La radicación oficial se llevará a cabo en la Sala de Medios del Congreso de la República, donde la senadora Bernal explicará los alcances de ambas propuestas.
Primer Proyecto: Regulación de la Inteligencia Artificial
El primer proyecto propone la creación de la Comisión Legal para el Desarrollo y Regulación de la Inteligencia Artificial en el Congreso, un organismo bicameral integrado por 19 congresistas. Esta comisión tendría como funciones supervisar el uso ético de la IA, ejercer control político sobre las políticas gubernamentales en esta materia y garantizar que su implementación respete los derechos fundamentales y la privacidad de los colombianos.
"La inteligencia artificial es una herramienta poderosa que no da espera. Debemos legislar con visión de futuro para aprovechar sus beneficios y, al mismo tiempo, proteger a nuestros ciudadanos de posibles riesgos", afirmó la senadora Bernal.
Segundo Proyecto: "Letras Decentes" contra Contenido Explícito
La segunda iniciativa, denominada "Letras Decentes", busca regular la difusión de música con letras o videos de contenido sexual explícito, obsceno, denigrante o que inciten a la violencia y al consumo de drogas. El proyecto plantea la creación de un "Sello de Advertencia" obligatorio, gestionado por el Ministerio de las TIC y la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), que alertaría a los usuarios antes de la reproducción de este tipo de material.
"La libertad de expresión no puede ser excusa para normalizar la violencia contra la mujer o la hipersexualización de los niños. Este proyecto busca proteger a los más vulnerables sin caer en la censura", destacó la congresista.
Ambas iniciativas buscan adaptar el marco legal colombiano a los desafíos tecnológicos y sociales actuales, priorizando la protección de los derechos humanos y la institucionalidad.
